La Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al pedido de la oposición. En la resolución se anulan las elecciones en todas las categorías y ordena volver a votar. Se descuenta que el Frente para la Victoria apelará.
El fallo de la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se conoció en las últimas horas de ayer. Haciendo lugar a la presentación del Acuerdo para el Bicentenario se declararon nulos los comicios realizados el 23 de agosto y se ordena votar nuevamente en todas las categorías.
La presentación fue realizada el 4 de septiembre y se descuenta que el Gobierno apelará ante la Corte Suprema provincial. Desde el oficialismo afirman que la Cámara se extralimitó en sus atribuciones mientras buscan consolidar los votos en la Corte Suprema local para revertir el fallo. Desde el Gobierno confirmaron que apelarán para que el fallo no quede firme (tienen un plazo de 48 horas) y hablaron de un “golpe de estado judicial”. Antes de que se dé a conocer el fallo, el Frente para la Victoria se presentó como parte interesada en el planteo judicial, y pidió que se deje sin efecto la medida cautelar que impide proclamar ganadores.
La casta judicial interviene en la crisis
Previo a este último fallo, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ya había fallado a favor de la oposición. Horas previas a los comicios, impugnó la integración de dos vocales alperovichistas en la Junta Electoral y la posibilidad de que Sergio Mansilla (FpV) sea proclamado legislador en caso de que gane. Durante el escrutinio definitivo dictó una cautelar para que no se proclame ganadores en ninguna categoría.
El alperovichismo apuesta a la Corte Suprema local. Actualmente, está presidida por Antonio Gandur, quien presidió la Junta Electoral por lo cual se inhibiría. El resto de los vocales son Mario Goane, Antonio Estofán, Claudia Beatriz Sbdar y Daniel Posse. Para mantener un voto favorable para el gobierno, Posse Ponessa se excusó como fiscal para que su hermano pueda intervenir como vocal. Posse, Sbdar y Estofán fueron nombrados durante el gobierno de Alperovich.
En el escenario actual, una casta integrada por jueces vitalicios, con sueldos y jubilaciones de privilegio, será quien decida si son válidas o no las elecciones.
Si la Corte Suprema provincial falla a favor del alperovichismo, la oposición podrá recurrir –al tener un fallo favorable en la Cámara– a la Corte Suprema de la Nación, mientras que la decisión de la Corte Suprema provincial no se aplicaría, es decir que no se proclamarían ganadores. En este caso será nuevamente una casta la que decida: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt.
El periplo judicial tiene una fecha clave. El 29 de octubre caducan los mandatos de las autoridades ejecutivas y legislativas, por lo que si no se proclaman autoridades hasta esa fecha es factible la intervención federal.
El fraude está en los acoples, por una Asamblea Constituyente
Desde el PTS en el Frente de Izquierda se planteó que el fraude se pergeñó en el sistema de los acoples. Tanto el PJ y la UCR utilizaron los acoples, ligados a una red territorial de punteros. Los acoples, con rango constitucional, son un pilar de un sistema político en crisis, con un manejo extorsivo basado en las necesidades populares generadas por los mismos partido patronales.
Una nueva elección sin eliminar el régimen de los acoples es consumar un nuevo fraude. Por eso es necesaria la movilización independiente del PJ y la UCR, pilares de un régimen fraudulento.
La pelea por elecciones sin acoples solo puede ser garantizada por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que se imponga por la movilización popular. Una Asamblea Constituyente que no se limite a eliminar el fraude de los acoples, sino que discuta los problemas estructurales de la provincia sobre el que se asienta la casta política y judicial en crisis y que gobierna para los intereses de los poderosos.
En Tucumán asistimos a un manoseo de la voluntad popular, primero de parte de un gobierno y un régimen fraudulento, y ahora con la intervención de una camarilla judicial de magistrados privilegiados a los que nadie elige. La crisis política abierta requiere de la movilización independiente para imponer una salida de fondo.
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